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Solidaridad contra la represión a los Campamentos Dignidad
España
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Ayer quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz el juicio seguido contra Juliana G. por ocupar una vivienda social en Suerte de Saavedra. Tanto su defensa como el Ministerio Fiscal mantuvieron sus conclusiones, que elevaron a definitivas. Su abogada de oficio, María José González, solicitó la absolución argumentando que no forzó la puerta para entrar y que no ha cometido el delito de usurpación que se le está imputando. El fiscal insistió en la acusación, imputándole un delito de usurpación con una pena de 4 meses de multa a razón de una cuota diaria de 9 euros y la responsabilidad civil por haber roto presuntamente la cerradura y la tapia. La Junta de Extremadura, dueña de la vivienda, no se ha personado en la causa.
Juliana G. fue detenida el 9 de febrero por la Policía Nacional por ocupar un piso después de pasar 28 días acampada con otras familias frente a la urbanización donde vive el presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, en Las Vaguadas, reclamando una vivienda social.
El juicio de ayer se fijó después de que las partes no llegaran a una conformidad durante la vista previa celebrada en el juzgado de instrucción número 4 el 10 de febrero. Como en aquella ocasión, Juliana estuvo acompañada de miembros de Campamento Dignidad, que no sólo no pudieron entrar en la sala, porque se determinó que fuese a puerta cerrada, sino que se les impidió acceder al edificio, incluso a los testigos, hasta que fueron llamados.
José Luis Murillo, abogado de Campamento Dignidad, informó de que van a solicitar una entrevista con el juez decano para intentar evitar "estas arbitrariedades" porque "realmente tenemos derecho a una audiencia pública, a saber qué pasa y a comprobarlo en primera persona". "Si van a desahuciar a todo el mundo a puerta cerrada para que no le pese en la conciencia ni al juez ni al fiscal, vamos a pronunciarlo y a evitarlo".
Juliana no ha vuelto a protestar delante de la urbanización donde vive Monago. Ayer contaba que desde la detuvieron la ha acogido un matrimonio amigo, mientras que su marido y uno de sus hijos viven en una casa de campo, sin luz. Una vecina acudió de testigo para contar que fueron otras personas las que tiraran el tabique. Asegura que nunca entró a la fuerza en la vivienda de Suerte de Saavedra y que estuvo dentro menos de una hora. Murillo confía en su absolución.
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